La relación entre el Estado y sociedad a lo largo de cinco siglos se ha visto viciada al integrar prácticas corruptas como una forma natural e inherente a la propia gobernanza. El origen de la corrupción se remonta a la Conquista, producto importado por la Corona Española, donde a partir del proceso de transculturación se adoptaron nuevas maneras de ejercer la administración pública, de hecho “hay quienes señalan que la corrupción ha sido una estrategia de resistencia cultural, producto del choque entre “México profundo” (México indígena) y “México imaginario” (México mestizo)” (Nieto, 2013, p. 130).

La corrupción, al asentarse de forma natural y observarse como una manera de hacer las cosas, se incorporó a través de los años como un elemento más a nuestra cultura, ubicándola como una herramienta en el ámbito socioeconómico y político, la cual ha requerido un sistema de lealtades y complicidades para su subsistencia.

En nuestro país, la corrupción en el ámbito político es de carácter sistémico, lo cual significa que transgrede a la democracia atacando a cada una de sus instituciones, brindando apertura o bien acentuando realidades que han derivado en una escalada de violencia e impunidad, dando lugar a organizaciones delictivas en distintos tipos de actos ilícitos que contravienen la salud, la propiedad o incluso la integridad sexual como son el narcotráfico, tráfico de órganos, desaparición forzada, trata de personas, pornografía infantil, entre otras.

Teóricos han señalado que entre mayor es el nivel de democracia de un país, éste tendrá mayores elementos para hacer frente a la corrupción. Ellos consideran que la democracia sólo tendrá resultados favorables si es de carácter horizontal, siendo más complicado obtener buenos resultados si la democracia es vertical, como tradicionalmente ha sido en México.

En México a partir del reclamo social de los efectos negativos que ha traído aparejada la corrupción, se ha conformado una estructura para combatirla, pero igualmente habrá mucho qué trabajar por una cultura cívica en la sociedad para eliminar la normalización de esta, con el objetivo de erradicar ideas clásicas que menoscaban nuestro sistema como son: “el que no tranza no avanza” o “con dinero baila el perro”. Por tanto, es indispensable una participación sociedad-gobierno en conjunto, ya que de no hacerlo las personas estarán condenadas a continuar padeciendo injusticia, violencia, pobreza y vulneración a los derechos humanos.

De esta manera, la ciudadanía deberá evitar reproducir prácticas corruptas, como por ejemplo, sobornar a las autoridades para agilizar un trámite burocrático, para obtener una licencia de conducir o tramitar una tarjeta de circulación; sobornar a profesores para una calificación o a oficiales de tránsito para evitar una multa; o incluso aceptar algún beneficio material a cambio de un voto hacia cierto partido político.

Asimismo, será necesario que las personas aprendan a detectar cualquier conducta que origine impunidad y en consecuencia denunciar dicha acción u omisión. Impunidad reflejada en nuestra sociedad como el no castigo ante una práctica corrupta, por ejemplo cuando las autoridades no proceden a proteger a las víctimas ante cualquier tipo de delito cometido en su contra; cuando evitan actuar en contra de una persona que ha hecho trampa en un examen; cuando las personas no son castigadas al atropellar a otra en estado de ebriedad; no sancionar a la persona que suplantó la identidad de otra en redes sociales; no castigar a la persona que falsificó una firma en un reporte escolar; la omisión de castigar a una persona que pagó por la elaboración de tesis para obtener un grado académico; no sancionar a los encargados de bares que venden bebidas alcohólicas a menores de edad o a sabiendas que falsificaron una credencial de elector, permiten su ingreso.

 

La Colonia

El fenómeno de la corrupción tiene sus orígenes en la conquista de México y la Colonia. Durante la conquista, se estableció el sistema de encomiendas, donde se designaban tierras a los conquistadores que les otorgaban poder. Éste operó como Spoil System, también conocido como sistema botín, donde además operaba con entera discrecionalidad y en ocasiones sin necesidad de rendir cuentas. La primera encomienda que se estableció fue en el pueblo de Coyoacán.

Concluida la conquista, Hernán Cortés estableció la primera organización política-administrativa: el municipio, conformado por concejales, síndicos y regidores, los cuales eran designados arbitrariamente a conveniencia y sin necesidad de contar con méritos o una formación profesional.

Cabe destacar que, solo los españoles ocupaban cargos públicos, pero en caso de encontrarse varios de ellos interesados en asumir dichos puestos, se ofertaban abiertamente, es decir, se daba una venta del puesto público, institucionalizando de esta forma la corrupción y permitiendo el enriquecimiento a partir del poder público, ya que la persona que compraba dicho cargo sabía de antemano que recuperaría su inversión y se beneficiaría económicamente.

Los cargos públicos eran tanto en la rama administrativa -municipales- como recaudatoria y fiscal, llegando a tener algunos un carácter de concesión perpetua, es decir, heredables. La Real Cédula de 1606, estableció el derecho de perpetuidad, de una persona que había adquirido un cargo público.

La venta de cargos públicos llegó a incomodar en tal grado, que para 1690 fue puesta en evidencia, cuando la Real Audiencia de México se expresó con repudio a dicha situación ante el Consejo de Indias

Virreyes y oficiales de la Corona llevaron a cabo actos corruptos a partir del propio poder adjudicado. El primer Virrey de Nueva España fue Antonio de Mendoza, a quien se le acusó de recibir dádivas por parte de encomenderos, con el afán de que se les otorgasen beneficios o mayor número de tierras.

Se dice que, en caso de que se tuviese conocimiento de algún agravio cometido por el Virrey en contra de los particulares, se podía iniciar un Juicio de Residencia, a través del cual debía resarcir los daños en caso de encontrarlo culpable, asimismo podía ser cesado de su cargo y ser transferido a otro reino.

Por otro lado, un componente que propició prácticas corruptas, fueron las alcabalas, impuestos que gravaban el comercio, donde la Corona llevaba el cobro del 10% sobre las compras o ventas de mercancías, por el simple hecho de transportarlas, teniendo una función de aduanas al interior de Nueva España, originando sobornos en los encargados.

Asimismo, un factor clave en el cobro de impuestos, fue la continuidad de los señoríos, quienes mantuvieron una relación directa con los encomenderos, a quienes entregaban parte de los recursos recaudados. De esta forma, se indujo y presionó a los pueblos indígenas a asentarse en zonas urbanas, además de haber consolidado el proceso de evangelización.

Lo cierto es que, la corrupción se implantó desde el propio sistema político, desde españoles, criollos y mestizos, reproduciéndose hasta nuestros días.

Independencia

Durante este período, la corrupción pasó a ser una práctica entre los criollos a través del caciquismo, caracterizado por: "a) un territorio o espacio de dominación; b) un líder político; c) el ejercicio autoritario del poder; d) una relación de dominio sobre diversos grupos y personas asentadas en la región de dominación. Un antecedente del clientelismo político." (Diego Bautista, Oscar, 2020, p. 11). El cacique detentó un poder político y social al designar candidatos a cargos públicos, interfiriendo incluso en la libertad de decisión en el voto.

Un acto corrupto destacable en este período fueron los despilfarros del erario público durante el gobierno de Santa Anna

Reforma

Los liberales consideraron necesario pugnar por el buen proceder del ejecutivo, por lo que se consideró necesario integrar a la Constitución, instituciones que lo limitaran: Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Suprema Corte de Justicia.

Porfiriato

Durante el mandato de Porfirio Diaz, el erario público quedó a cargo del ministro de Hacienda. Aun así, se presentaron actos corruptos por la propia administración pública a través de negocios ilícitos.

Porfirio Diaz incluso empleó su tan conocida frase: "Ese gallo quiere su maíz", la cual denotaba que si alguna persona expresaba alguna inconformidad de su gobernanza, lo que realmente pedía era algún tipo de beneficio otorgado por el propio gobierno.

Al estallar la revolución, el ambiente fue propicio para violaciones, saqueos y vandalismo por parte incluso de los propios revolucionarios. Para esta época nacieron una serie de expresiones que se fueron incorporando al lenguaje mismo de la sociedad, donde se justificaban acciones que constituían en sí acciones delictivas, de las que se obtenían beneficios económicos a nivel individual y colectivo, propiciando y normalizando actos corruptos.

Entre las expresiones que nacieron de la Revolución y Posrevolución y que hoy en día solo algunas de ellas aún suelen ser usadas, encontramos: “carrancear”, derivada del apellido de Venustiano Carranza y con un significado de apropiarse de algo sin permiso del dueño, es decir, un robo con un carácter legítimo para la persona que lo lleva a cabo; “la Revolución me hizo justicia”, que significaba la obtención de un bien o de ganancias económicas; “Nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos”, de Álvaro Obregón, donde se indicaba que toda persona puede ser corrompible por cierta cantidad de dinero; “charrismo sindical”, derivada de Jesús Díaz de León a quien apodaron “El Charro”, quien resultó ser un líder sindical que traicionó a los trabajadores para beneficiar al gobierno; “dedazo”, que denotaba la designación del sucesor por el gobernante saliente; “chayotazo” o “chayotero”, que refiere a los medios de comunicación que recibían gratificaciones por estar al servicio del gobierno para el manejo de información a conveniencia; “tanprontistas” refiriéndose a los funcionarios y servidores públicos con una formación profesional que tan pronto asumían el cargo, comenzaban a velar por sus intereses privados; entre otras.

Por otra parte, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que data del año 1917, se establece un nuevo sistema político mexicano, que requirió la creación de instituciones y exigió un cambio sustancial que involucró el reconocimiento y salvaguarda de los derechos humanos en materia social (educación, vivienda, medio ambiente, tierra, trabajo y seguridad social), política y económica.

De acuerdo con Oscar Diego Bautista, en “Cien años de corrupción en México a partir de la era posrevolucionaria 1917-2017”, indica que las décadas de los 30´s y 40´s están caracterizados por una serie de elementos que dieron lugar a la conformación del nuevo Sistema Político Mexicano indicados en el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Elementos del nuevo Sistema Político Mexicano

Elementos	Características
Creación de un partido hegemónico	Creación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario (PNR)
Implementación del método o sistema corporativo	Se crearon una serie de instituciones que tenían como finalidad agrupar a ciertos sectores de la sociedad: Confederación de Trabajadores de México (CTM, 1936) Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE, 1936) Confederación Nacional Campesina (CNC, 1937) Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP, 1943)
Práctica militar en el ejercicio de la autoridad	Posterior al estallido de la revolución, los presidentes de nuestro país fueron generales, por lo que el sistema estaba lleno de caudillos. Esta situación enmarcó un estilo de gobernanza lineal o vertical, donde no cabía la posibilidad de desobediencia, imperando el orden y disciplina.
Concentración del poder en el presidente	La forma de gobierno se encontraba caracterizada por un presidencialismo exacerbado, donde el presidente figuraba como máxima autoridad y con un poder supremo.
Sistema de botín o spoil system desde la presidencia	Caracterizado por un nepotismo en la política, es decir, se distribuían los puestos y cargos políticos entre amigos y familiares, sin importar su experiencia, méritos o perfil profesional, lo que derivó a largo plazo en una ineficiencia de la función pública en todos los niveles y poderes del gobierno.
La fortaleza de lealtades	Consistía en la demostración de lealtad a la figura del presidente como persona.
El sistema de cooptación	“Se trata de una práctica que consiste en alinear a la persona por medio de la persuasión u otras vías de convencimiento (dádivas) para sumarse a disfrutar del confort que da ser miembro del sistema o del partido en el poder.” (Diego Bautista, Oscar, 2017, p. 21).
Privilegio y consentimiento de la clase empresarial	Durante el período posrevolucionario fue notoria la presencia de la clase empresarial, la cual se organizó a través de bloques: Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco, 1917) Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex, 1929) Dicho sector se valió de la llegada de civiles al poder en la década de los cuarenta, alcanzando un papel indispensable e influyente para la toma de decisiones en el ámbito político.
Control sindical	El origen de los sindicatos fue noble, puesto que la misión era la defensa de la situación vulnerable de la que padecen los trabajadores. Con el tiempo, esta función pasó a segundo plano y sus líderes se prestaron a ser comprados, manipulando a los propios trabajadores a conveniencia de sus intereses propios, de la empresa y/o del gobierno. De esta forma surgió el llamado “charrismo sindical” o “sindicatos blancos”.
Elección del sucesor presidencial	Práctica cotidiana, donde el presidente en turno designaba a su sucesor. Esta situación daba continuidad y estabilidad al régimen político establecido. Asimismo, evitó durante años la alternancia política, frenando la plena participación política de los ciudadanos y garantizando la hegemonía y permanencia de un solo partido político. Cabe mencionar que, dicha designación trajo consigo un efecto de apoyo inmediato de la clase política al futuro sucesor: “Cargada”.
Creación de partidos satélites	“Con el establecimiento del Sistema Político Mexicano, el control de las instituciones políticas era total, y para dar la apariencia de que no había un único partido y que la democracia existía en México, desde el poder central se crearon pequeños partidos con diversos nombres cual ramas diferentes pero que pertenecían a un tronco común.” (Diego Bautista, Oscar, 2017, p. 22).
Elecciones controladas	Anteriormente las elecciones en México podían resultar vulnerables durante los procesos electorales, ya que usualmente quien las organizaba podía interferir. Dicha situación engendraba que las elecciones fueran controladas a través de prácticas indebidas durante el proceso electoral, mismas que resultaban contrarias a los valores democráticos de un Estado.
Control de los medios de comunicación	El gobierno ejercía cierto control de los medios de comunicación a través de dádivas que se otorgaban a la prensa, radio y televisión, todo ello con el fin de que se hablase bien del presidente y sus decisiones.
Ausencia de perfiles idóneos para los cargos de gobierno	Al no establecerse perfiles profesionales para ocupar cargos públicos, se dio paso a ocupar dichos puestos, personas sin la preparación, cultura política y la ética necesaria. Esta situación propició una serie de prácticas que afectó de manera severa a la sociedad: abuso de autoridad, despilfarros, desviación de recursos públicos para su propio interés privado o la patrimonialización de bienes públicos.
Estado de Derecho parcial	El Estado de Derecho es la forma en que el Estado garantiza la igualdad ante la ley entre todas las personas, procurando de esta forma la justicia. Cuando se aplica la ley de una manera diferente a ciertos individuos, estamos ante un Estado de Derecho parcial.
Represión	Para todas las personas que no permitían corromperse, se les reprimía a partir del miedo, escalando a tal grado que algunos fueron expulsados del país, otros se les reprimió físicamente e inclusive les quitaron la vida, lo cual se reflejaba en la expresión: “Encierro, destierro o entierro”.

 

Fuente: Elaboración propia con base en la lectura de Diego Bautista, Oscar (2017)Cien años de corrupción en México a partir de la era posrevolucionaria 1917-2017. Colección Cuadernos para prevenir y controlar la corrupción, Cuaderno 2, Diputados Locales Estado de México, pp. 20-23. Recuperado de:
http://contraloriadelpoderlegislativo.gob.mx/librosetica/Cuadernos/Cuaderno_2_2017.pdf

           

Como podemos observar, las circunstancias y características propias del régimen político posrevolucionario, dieron como pauta un ambiente propicio para engendrar la corrupción e impunidad “institucionalizada”, con una serie de nuevas prácticas cotidianas que evitó el ejercicio de la democracia libre y engendró una nueva élite con gran poder económico y político.

Derivado de ello, la corrupción se fue adhiriendo, normalizando y escalando a otros sectores de la sociedad, algunos de los cuales se beneficiaron y establecieron incluso nuevas relaciones de poder: empresarios, líderes sindicales, ministros de la iglesia y medios de comunicación. La corrupción, en consecuencia, fue aceptada e incorporada por el propio Estado, para extender el control absoluto del ejecutivo a través de los poderes judicial y legislativo.

Cabe mencionar que, si bien la clase política posterior a la revolución estuvo ocupada básicamente por los caudillos, para 1940 surgió un cambio al integrarse los civiles a cargos públicos. Civiles que en su mayoría eran egresados de universidades, pero que se dejaron involucrar en actos corruptos, obteniendo grandes beneficios económicos que les permitieron agrupar riquezas con las que pudieron desplazarse al sector empresarial, situación que hoy en día aún ocurre.

La época posrevolucionaria se caracterizó por una serie de circunstancias:

• Las clases burguesas, apropiándose de demandas sociales, las incorporaron a su proyecto de Nación, todo ello con el fin de controlar a las masas a su conveniencia, para obtener un mayor poder político y económico.
• Para el período de Álvaro Obregón, se consolidó un gobierno burgués, basado en la subordinación de campesinos y obreros, a partir de concesiones, con el fin de controlarlos, lo que se podría definir como un régimen corporativo estatal.
• Durante el cardenismo se consolidó de mayor manera el régimen corporativo, integrando un mayor número de sindicatos, así como de organizaciones campesinas, obreras e incluso de estudiantes.
• Origen del corporativismo estatal con una estructura clientelar -el cual se fue adhiriendo como un modo de operar del Estado que aún subsiste-, donde el Estado otorgaba bienes, servicios o beneficios a ciertos grupos sociales, básicamente a líderes, a cambio de la lealtad al régimen gubernamental, a través del desvío del erario público hacia los intereses privados, generando una concentración vertical del poder estatal.
• Estrategia de cooptación en organizaciones sindicales, campesinas y obreras: Central de Trabajadores de México (CTM), Central Nacional Campesina (CNC) y Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROM).

 

Entre los actos de corrupción que estuvieron presentes en este período se pueden señalar:

• Nepotismo en el gobierno de Madero: dos de sus tíos encabezaron las secretarías de Desarrollo y de Economía; su primo dirigió la Secretaría de la Defensa; su hermano Gustavo encabezó el partido político y su hermano Emilio dirigió las fuerzas maderistas, además de otros familiares que también llegaron a ocupar puestos públicos.
• Carranza: incumplimiento de sus promesas y sus líderes se enriquecieron a costa de la explotación de las clases medias y bajas.
• Préstamos otorgados por el Banco Nacional de Crédito Agrícola a los generales Escobar, Amaro, Valenzuela y Obregón.
• Tierras y propiedades otorgadas bajo el fin del reparto de tierras.

En este período, se observaron una serie de circunstancias que permitieron la continuación y engrandecimiento de la corrupción, a pesar de la existencia de nuevos procesos democráticos. Asimismo, surge la élite de tecnócratas, como una clase política que concentró el poder político, aglomeró grandes riquezas y enmarcó una nueva manera de ejercer la corrupción.

La administración de Ruiz Cortines se destacó por ser honesta y eficaz, pero se le criticó por no haber castigado a todos aquellos que habían cometido actos de corrupción, ni haber creado vías institucionales para combatirla.

Con la administración de López Mateos se observó un acrecentamiento acelerado de la corrupción. Con Luis Echeverría solo bastaba un puesto en la administración pública, fuera de un rango inferior, para poder crear negocios que procuraran grandes beneficios económicos.

Para el gobierno de José López Portillo se dio una reforma política que pretendió la ampliación de libertades políticas de los ciudadanos, en contraste se presentó un despilfarro derivado de un elevado gasto público y un considerable endeudamiento público. Cabe mencionar que su mandato se caracterizó por la frase “La corrupción somos todos”, donde en efecto se presentaron prácticas corruptas ejercidas tanto en el sector público como privado.

Ante esta situación, con el fin de limpiar la imagen del Estado ante el problema de la corrupción, Miguel de la Madrid empleó la frase: “La renovación moral de la sociedad” desde su campaña electoral, iniciando la implementación de medidas en contra de la corrupción. Dichas medidas fueron incrementándose con el paso de los sexenios, pero no tuvieron un impacto positivo para abatir los índices de corrupción.

Para el año 2000 sucedió un cambio significativo en la vida democrática del país, al asumir la presidencia durante dos administraciones diferentes, el Partido Acción Nacional (PAN), poniendo fin al partido hegemónico que había detentado el poder durante 70 años, el Partido de la Revolución Institucional (PRI), pero con una transición democrática fallida, puesto que quedaron intactas las prácticas de corrupción clientelar del Estado.

Durante el período presidencial de Vicente Fox, nuestro país ocupaba uno de los primeros lugares en materia de corrupción en el mundo. Para contrarrestar dicha situación:

“el gobierno planteó estrategias como la educación en valores; la aplicación de códigos de ética; el diseño de programas y acciones encaminados a combatir la corrupción; el impulso de la calidad en la gestión gubernamental; la mejora continua; la prevención de la discrecionalidad y el abuso de autoridad, y la transparencia, aunada a la rendición de cuentas. No obstante, el problema, lejos de ser mitigado, creció.
En el gobierno de Felipe Calderón las estrategias para combatir la corrupción se concentraron en la mejora de la gestión y el impulso de la calidad en la prestación de servicios; la reducción y agilización de trámites burocráticos, así como la detección de aquéllos en los que se facilitaba solicitar sobornos; la optimización del desempeño; la promoción de una cultura sustentada en la honestidad y la transparencia; el fortalecimiento de los sistemas de prevención, supervisión y control de la corrupción, así como de mecanismos de participación ciudadana, y la mejora de los que favorecieran la denuncia pública.
Sin embargo, el problema siguió en aumento, de manera que en 2011, un año antes del fin del sexenio, el 83% de la población a nivel nacional percibía a la corrupción como un fenómeno frecuente.” (DOF, 30 de agosto de 2019, disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019)

 

Del 2000 al 2012, se observó la ocupación de cargos públicos a manos de empresarios, por lo que la política pública estuvo dirigida a favorecer y proteger precisamente al sector empresarial, dejando a un lado el espíritu del servicio público, y muy a la orden la creación de nuevas clientelas empresariales y sindicales. El cambio fue solamente una notoria pérdida de concentración vertical del uso de poder del Estado.

 Resulta interesante que, durante las administraciones panistas se integró al lenguaje la palabra “moches”, derivada de “mochar” o “mochada”, refiriéndose “a un cobro por parte de algún legislador a cambio de agilizar los recursos públicos asignados a determinadas instituciones públicas” (Diego Bautista, 2017,p. 29).

Entre los ejemplos de ciertas prácticas de corrupción presentes del 2000 a 2012, se pueden mencionar las siguientes:

• Las conductas de los familiares de los propios mandatarios. Los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, fueron acusados de: tráfico de influencias, cuando intentaron apoderarse del fraccionamiento “El Zapote”; de nepotismo, cuando adquirieron ilegalmente viviendas del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB).
• En 2000, el entonces alcalde de Ecatepec, Agustín Hernández Pastrana de manera arbitraria se subió el sueldo de manera exorbitante.
• “en 2004 se exhibieron video grabaciones que mostraban al ex líder del PRD, René Bejarano, y al ex presidente de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), junto con el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Gustavo Ponce, embolsándose fajos de billetes que les entregó el empresario argentino Carlos Ahumada para apostar en un casino en Las Vegas” (Llanos y Romero, 2004. Citado por Nieto, 2013, p. 138).
• Los escándalos en los gobiernos panistas: “Los amigos de Fox”, “toallagate” (el costo exorbitante de las toallas adquiridas durante el sexenio de Vicente Fox) o “La Estela de Luz” (construida en el gobierno de Felipe Calderón, la cual fue bautizada con el nombre la estela de la corrupción).
• De 2009 a 2015, en el estado de Sonora, Guillermo Padrés Elías -exgobernador de dicho estado- construyó una presa dentro de su rancho y se apropió parte del erario público.

 

“Para la administración de Enrique Peña Nieto, el combate a la corrupción se centró en la creación de políticas que permitieran disminuir las conductas asociadas; crear un organismo autónomo encargado de aplicar la legislación sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos tratándose de actos de corrupción; desarrollar criterios de selección y evaluación del desempeño y competencias profesionales de los servidores públicos; mejorar los procesos de vigilancia en relación con la actuación del personal; fortalecer la coordinación entre las diferentes instancias y autoridades de la Administración Pública Federal responsables del combate a la corrupción, y fomentar la transparencia y la simplificación de los trámites. Adicionalmente, se aprobó la reforma que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción.
A pesar de lo anterior, para 2017, 91.1% de la población consideraba a la corrupción como un fenómeno frecuente, cuyo costo en el ámbito nacional pasó de 6,418.8 millones de pesos en 2015 a 7,217.8 millones en 2017” (DOF, 30 de agosto de 2019, disponible en:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5570984&fecha=30/08/2019)

 

En el caso de la administración de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, Leonor Ortiz Monasterio y Ricardo Alvarado Andalón, coordinados por Sofía Ramírez Aguilar ahondan sobre la corrupción durante su mandato en “EPN: La corrupción como sello de gobierno. Un sexenio perdido para México”, publicado por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, e integrado al sitio web “35 casos emblemáticos de corrupción. 2013-2018”. Estos autores indican que, los mecanismos a través de los cuales se ejecutaron los actos de corrupción durante su mandato fueron (p. 97):

“I. Vínculos con grupos de la delincuencia organizada
II. Financiamiento ilegal de campañas electorales
III. Enriquecimiento ilícito
IV. Uso ilegal de programas y apoyos sociales
V. Tráfico de influencias y conflicto de intereses
VI. Empresas fantasma para el desvío de recursos públicos o la evasión fiscal”

 

Destaca el hecho de que, siendo presidente Enrique Peña Nieto, indicó que la corrupción era parte de la cultura mexicana, queriendo normalizar de esta manera la presencia de dicho fenómeno. Entre algunos de los escándalos y posibles casos de corrupción de 2012 a 2018 podemos señalar los siguientes:

• Elba Esther Gordillo, investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) por desvío de recursos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
• Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, quien fue acusado de compra de medicamentos caducos y de colaborar con el crimen organizado.
• Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México, quien fue exonerado de una serie de acusaciones: peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delincuencia organizada, cohecho, entre otros.
• Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quien se encuentra sujeto a juicio en Texas, por vínculos con el narcotráfico.
• Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, construida durante la jefatura de gobierno de Marcelo Ebrard, de la que se denunciaron fallas en la obra, así como vicios en la licitación de esta.
• “Casa Blanca” inmueble ubicado en Lomas de Chapultepec que de acuerdo con investigaciones gubernamentales, fue adquirido por su entonces cónyuge la actriz Angélica Rivera, a través de una indemnización por parte de la empresa Televisa.
• Manuel y Jorge Alberto Bribiesca Sahagún (hijos de Marta Sahagún), acusados de tráfico de influencias entre la empresa Oceanografía y PEMEX, derivados de contratos de arrendamiento y mantenimiento de plataformas, para llevar a cabo labores de reparación, mantenimiento y rehabilitación de pozos, transporte e instalación de plataformas, así como la construcción de gasoductos y oleoductos.
• Ricardo Monreal, quien ha sido señalado por nexos con el crimen organizado y la asignación viciada de contratos públicos, cuando fungió como gobernador de Zacatecas y delegado en la Delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México.
• Manuel Velasco, quien fue acusado de desvío de recursos públicos destinados al Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Chiapas, para uso discrecional y exclusivo de su presidenta, Leticia Coello, madre de este.
• Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, quien fue exonerado de los delitos de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito.
• Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla, quien fue acusado de desvío de recursos públicos del fideicomiso con la Empresa Evercore.
• Odebrecht, empresa constructora brasileña, que a través de su filial Braskem negoció una serie de sobornos a funcionarios públicos para asignación en las licitaciones públicas de proyectos gubernamentales. Los sobornos fueron pagados por medio de empresas offshore, empresas fantasma o paraísos fiscales. En el caso de México, en febrero de 2010 se firmó un contrato entre Braskem, Idesa, Pemex Gas y Petroquímica Básica, para abastecer de etanol a la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos.
• Javer Duarte, ex gobernador de Veracruz, señalado por la creación de empresas fantasmas, entre ellas ASISMEX, que se presume recibió fondos del erario público para ser destinados a campañas electorales.
• “La Estafa Maestra”, conformada por 186 empresas fantasma para desviar fondos públicos de 11 dependencias, entre las cuales destacan: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Banco Nacional de Obras Públicas (BANOBRAS), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de Educación Pública (SEP), Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), Secretaría de Agricultura, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Registro Nacional Agrario, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Secretaría de Economía.
• Irregularidades encontradas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) en el programa de damnificados del sismo de septiembre de 2017, en cuanto a la entrega real de cantidades dinero a los beneficiarios a través de tarjetas, asimismo, se encontraron tarjetas duplicadas y cargos no reconocidos por estos.

 

La actual administración, con Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido un discurso de cero corrupción y cero tolerancia a la misma. En contraste, “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” en su Anuario de la corrupción 2019, han registrado 18 escándalos de corrupción durante el año 2019, evaluados con base en 3 aspectos: número de personas involucradas, discrecionalidad con la que fue tomada y si existe o no mecanismos de rendición de cuentas.  A continuación, sólo mencionaremos cinco:

1. Censo del bienestar, levantado por voluntarios que terminaron siendo parte de la nómina de la Secretaría de Bienestar.
2. Dos casos de omisión a las declaraciones patrimoniales: Olga Sánchez Cordero y Manuel Bartlett.
3. Compra de pipas en Nueva York a través de adjudicación competitiva (es decir, adjudicación directa a través de una filial de PEMEX).
4. Posibles desvíos de dinero de Cooperativa Cruz Azul.
5. Contratación a empresas fantasma.

 

La corrupción ha existido por lo menos desde hace poco más de cinco siglos, logrando arraigarse e institucionalizarse, derivado de los propios excesos y ambición de los servidores públicos. Para su combate y disminución se requiere generar mayores mecanismos de control, reducir la discrecionalidad de los funcionarios y servidores públicos, fortalecimiento de procesos democráticos que estén acompañados de una notable transparencia, así como generar una deconstrucción de la cultura cívica y política en el entorno público y social.

Después de estudiar la información de las secciones 3.1 Corrupción e impunidad: prácticas cotidianas y 3.2 Orígenes de la corrupción desde la Colonia hasta nuestros días, lee con atención las siguientes preguntas y elige la opción correcta.