Jaime Zambrano (2017) refiere que el inicio del flujo migratorio de México hacia Estados Unidos, ya constituidos como países, se remonta al periodo entre 1836 y 1853, donde se tuvo la necesidad de mano de obra para la construcción del ferrocarril para el oeste de USA.
Por su parte, Francisco Javier Ayvar Campos y Enrique Armas Arévalos (2014, p. 73), señalan que a partir de la "construcción del ferrocarril, la ampliación de los ranchos en California y el incremento de la producción de frutas en las décadas entre 1850 y 1880" se comenzó a importar mano de obra mexicana hacia Estados Unidos, con lo que se puede determinar que el flujo migratorio hacia el país vecino del norte inició precisamente en el siglo XIX.
De tal forma, en un principio no existían limitaciones ni restricciones en el flujo migratorio entre México y Estados Unidos, y muy por el contrario estaban las puertas abiertas ante un país de oportunidades. Esta situación se acentuó para México, debido a que Estados Unidos en 1882 determinó restringir la entrada a migrantes de China, permitiendo un mayor acceso a mexicanos.
En 1883, Estados Unidos emitió la "Alien Contract Labor Law", la cual tenía por objetivo prevenir el reemplazo de sus ciudadanos por trabajadores inmigrantes. De esta manera se protegía el empleo de sus nacionales, pero al ser un país que se encontraba en plena industrialización, continuó requiriendo mano de obra extranjera de manera masiva hasta el siglo XX.
Cabe destacar que, la migración entre Estados Unidos y México para el siglo XIX, no solo significó un flujo de trabajadores, sino también la presencia de diversas situaciones: contrabando, guerra civil, revolución mexicana, entre otras, por lo que el perfil del migrante no solo estaba definido por trabajadores, sino también por personas de clase media y refugiados políticos. Por tanto, el desplazamiento se hizo de manifiesto en personas que huían por motivos políticos o para salvaguardarse de la violencia e incluso para el traslado de armas.
La migración de trabajadores en los siglos XIX y XX, supuso un flujo de familias enteras, que no solo se establecieron en un determinado lugar de Estados Unidos, sino que al interior del país vecino, se trasladaban continuamente precisamente por el carácter de ser "temporales", lo cual trajo consigo el desplazamiento de la mano de obra a granjas, campos agrícolas, minas y determinadas actividades en la industria (construcción de vías férreas, por ejemplo).
De igual modo, cabe destacar que entre finales del siglo XIX y principios del XX, la fuerza laboral en los sectores ferroviario, minero, maderero y de extracción en Estados Unidos, era básicamente ocupada por mexicanos, los cuales se encontraban en desventaja salarial, así como en denigrantes condiciones para trabajar.
Por otro lado, Durand y Massey (2003), citados por Enrique Damián Palma Martínez y Laura Mota Díaz en "Evolución de la respuesta institucional ante el fenómeno migratorio en México" (2013), identifican cinco fases o etapas del proceso migratorio "con una duración aproximada de 20-22 años cada una. Dichas fases son: 1) la de enganche, 2) la de deportaciones, 3) el período Bracero, 4) la era de los indocumentados y 5) la fase post-IRCA (Inmigration Reform and Control Act)." (p. 236). Mismas que nos pueden auxiliar en definir las características propias de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos.
Fase de enganche
Derivado de una crisis en el sector agrícola en el período de Porfirio Díaz, debido a que no se ocupaba toda la mano de obra, muchas personas decidieron migrar a Estados Unidos, buscando mejores oportunidades. Como efecto, a ambos lados de la frontera se observó un expansionismo.
En este período, los estadounidenses enviaban a México "enganchadores", que básicamente eran contratistas que reclutaban trabajadores para los sectores ferroviario, minero y agrario, ya que eran mano de obra barata. La primera fuente de empleo para los "emigrantes mexicanos a los Estados Unidos fue la del "traque", es decir, la vía. Fueron empleados para colocar rieles, construir terraplenes y dar mantenimiento a las líneas." (Palma Martínez, E. D. y Mota Díaz, L., 2013, p. 238).
"Los enganchadores se dirigían a los campesinos pobres y les ofrecían prestarles todo el dinero necesario para que viajaran a Estados Unidos. El préstamo más los intereses, serían deducidos después de sus salarios. Sin embargo, ya en el país del norte descubrían que los salarios eran más bajos que los ofrecidos, las condiciones de trabajo eran peores de lo que esperaban y con altas tasas de interés obligándolos a trabajar hasta pagar su deuda" (Cardoso, 1980; citado por Francisco Javier Ayvar Campos y Enrique Armas Arévalos, 2014, p. 75).
De 1900-1910, derivado de la situación política y económica de nuestro país, muchos mexicanos se desplazaron hacia Estados Unidos, se estima que fue un total de más de 1 millón de personas, las cuales buscaban trabajo o bien huían de la ola de violencia. Los principales destinos de los migrantes fueron hacia los estados sureños de Estados Unidos: Texas, California y Colorado.
En 1911, Francisco I. Madero expidió una ley en la que se otorgaron poderes para la adquisición de tierras, las cuales se darían a cultivar a los mexicanos migrantes que regresaran al país.
Para 1917, Estados Unidos expide la "Ley Burnet", donde se "exigía a los inmigrantes saber leer y escribir y pagar una cuota por entrada y expedición de visa" (Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 76), exceptuando de dicho requisito a los trabajadores en el sector agrícola.
Posteriormente, durante la Primera Guerra Mundial, se incrementó en Estados Unidos la demanda de mano de obra, por lo que se implementó un programa de emergencia para la contratación de extranjeros: "Programa de Trabajadores Temporales" o "Primer Programa Bracero", el cual operó de 1917 y 1922. Dicho programa, hizo posible el ingreso de más de 76 mil trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos, de los que poco menos de 35 mil retornaron a México.
"Con el motivo de las violaciones a los trabajadores migratorios mexicanos por parte de los empleadores norteamericanos, en marzo de 1920 Venustiano Carranza expide un modelo de contrato que contenía las garantías que otorga el artículo 123 constitucional, exigiendo entre otras obligaciones a los rancheros norteamericanos el traslado de la familia junto con el trabajador contratado. No se permite la salida de trabajadores mexicanos hacia Estados Unidos sin un contrato por escrito, firmado ante un oficial de migración que especificara salario, horario de trabajo y otras condiciones." (Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 76).
Fase de deportaciones
Esta fase se denomina de este modo debido a que, se presentó un entorno de mucha tensión para los migrantes mexicanos, los cuales se les deportaba para ofrecer "seguridad" a los estadounidenses. Igualmente, se observó un acrecentamiento de la discriminación a los inmigrantes mexicanos, en lugares públicos, en sus trabajos y hasta en las escuelas públicas.
De 1920 a 1922, Estados Unidos deportó de manera masiva a trabajadores mexicanos. Por lo que, en 1921 Álvaro Obregón destinó recursos para auxiliar a los inmigrantes mexicanos que se encontraban en Estados Unidos.
En 1924, Estados Unidos creó la Patrulla Fronteriza, debido a la ola de indocumentados que llegaban a su país, determinando que al no haber ingresado de manera autorizada y con los papeles correspondientes, se les colocaba en una categoría de "fugitivos de la ley".
Para 1929, Estados Unidos determinó por primera vez, que las personas que entraran de manera ilegal a su territorio serían castigadas con prisión de hasta un año, por ser consideradas como "delincuentes", ya que su ingreso de manera indocumentada constituía un delito menor.
Durante la Gran Depresión (1929), se generó en Estados Unidos la percepción de que los mexicanos les quitaban el trabajo a los estadounidenses y representaban una carga financiera porque solicitaban ayuda a la asistencia pública ("Mexican Problem"), por lo que en el período de 1929-1939, fueron repatriados a México 400 mil personas.
"En la década de 1930-1940 la Unión Americana vive un período de grandes luchas: se forman sindicatos y se generalizan las huelgas en las diferentes ramas de la producción como respuesta al desempleo de miles de obreros, consecuencia de la Gran Depresión. En 1933 se forma la Unión de Campesinos y Obreros Mexicanos del Estado de California, contribuyendo a la formación de una conciencia política de los trabajadores mexicanos inmigrantes o nacidos en ese país. La migración de mexicanos se reduce en este período." (Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 79-80).
Cabe mencionar que, entre los años 30s y 40s, se suscitó un cambio en los desplazamientos, ya que para la década de 1930 los migrantes campesinos si bien estaban dispuestos en trabajar en condiciones precarias y con salarios deplorables, para la década de 1940, prefirieron trabajos en fábricas ubicándose en zonas urbanas, principalmente: Los Ángeles, San Francisco, Seattle, Dallas, Houston, San Antonio, Detroit y Chicago.
En el período presidencial de Lázaro Cárdenas, se promovió la repatriación a través de la "Ley General de Población". Recordemos que en este período, se dio un impulso al sector agrícola e industrial, lo que provocó que parte de los inmigrantes retornara al país de manera voluntaria y pacífica.
Fase del período Bracero
Para la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), se incrementó nuevamente la demanda de mano de obra de migrantes mexicanos, por lo que en 1942 se puso en marcha de nueva cuenta el "Programa Bracero" (firmado por los presidentes Manuel Ávila Camacho y Franklin D. Roosevelt), institucionalizando de esta forma el trabajo transfronterizo. Dicho programa se prolongó por 22 años, es decir, tuvo una vigencia de 1942 hasta 1964.
El "Programa Bracero" reguló la contratación temporal de trabajadores mexicanos, donde las migraciones eran ordenadas y de manera legal. La mano de obra se ubicó en los sectores de la agricultura, siderurgia y ferroviario. Trajo consigo, un incremento en la entrada de divisas al país, lo que devino en un desarrollo económico de ciertos poblados.
Si bien, al inicio del programa sólo se consideró el ingreso de 100 mil mexicanos al país vecino del norte, pronto se percataron que requerían muchas más personas, expidiéndose incluso hasta 45 mil visas de trabajo al año en la década de los cincuenta. Tal fue el impacto de dicho programa, que Estados Unidos llegó a expedir en 1951 una ley que otorgó bases estatutarias, la "Ley Pública 78". Para 1954, se convino que el gobierno de Estados Unidos ya no sería el que contratara a los trabajadores mexicanos, sino que confirió dicha tarea a los particulares.
Al observar el gobierno estadounidense el gran flujo migratorio, decidieron llevar a cabo la "Operación Wetback" ("Operación Espaldas Mojadas", nombre que le asignaron debido a que muchos migrantes cruzaban la frontera por el río Bravo), deportando migrantes a México, que fuesen considerados como indocumentados, pero ello no evitó que siguieran migrando. Se calcula que los migrantes no autorizados, superaron en número a aquellos que sí lo estaban.
Cabe destacar que el "Programa Bracero" puso en evidencia la necesidad de los estadounidenses por mano de obra mexicana permanente y continua, y no solo de forma temporal, derivado de la propia industrialización de Estados Unidos.
Asimismo, trajo consigo una nueva visión del migrante, ya que sus perspectivas eran evitar el retorno, impedir que se asentaran para siempre en Estados Unidos y que toda su familia lograra emigrar, además de generar un dinamismo en los sistemas agrícolas estadounidense y nacional. Ante ello, muchos migrantes lograron legalizar su residencia, bajo la calidad migratoria de "emigrado".
Para 1952, Estados Unidos concibió en la "Ley de Inmigración y Nacionalidad" o "Ley Pública 414", la calidad de "extranjeros ilegales" (illegal aliens) aquellas personas indocumentadas que se encontrasen en su país, castigando solo a los migrantes que se encontrasen en dicha situación, más no a los empleadores de estos.
"En 1954 el número de inmigrantes detenidos por el Justice's Immigration and Naturalization Service (INS) llegó a ser superior a 1 millón por primera vez en la historia de Estados Unidos. Al mismo tiempo, el INS emitió un número de visas que llegó a ser más del doble, aumento que finalmente satisfacía la necesidad de trabajadores del campo. Entre 1955 y 1960 la migración anual de braceros fluctuó entre 400,000 y 450,000 trabajadores.
En un momento el INS dirigía redadas en los campos en el suroeste de Estados Unidos, arrestaba a los trabajadores indocumentados, los transportaba hasta la frontera y los entregaba al Departamento de Trabajo de Estados Unidos para su deportación y en éste los inscribían como braceros y los volvían a llevar a los mismos campos en los que los habían arrestado inicialmente (Calavita, 1992)." (Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 81).
El "Programa Bracero" tuvo vigencia hasta 1964 (cancelándose en la administración de John F. Kennedy), estimándose que casi 5 millones de trabajadores mexicanos estuvieron bajo contratos temporales.
Posterior a su cancelación, el gobierno mexicano no tuvo intenciones de lograr nuevos acuerdos en materia migratoria, para el intercambio de mano de obra.
Fase de la era de los indocumentados
A pesar de la cancelación del "Programa Bracero", siguieron migrando de manera indocumentada muchos mexicanos, contratados por los propios particulares, básicamente en el sector agrícola. Derivado de ello, el gobierno estadounidense decidió incorporar un mayor número de policías en la frontera con México, derivando un elevado número de deportaciones, las cuales fueron en cierto grado selectivas.
En 1965, Estados Unidos realizó una reforma a la "Ley de Inmigración y Nacionalidad" (Immigration and Nationality Act), en la que se permitió un sistema de cuotas igualitarias para lograr la legalización de los migrantes. Con ello, México perdió la condición que tenía en ventaja con respecto a los demás países, y fue tratado como cualquiera otra Nación en materia migratoria.
Sin embargo, la migración hacia Estados Unidos continuó en aumento, debido a la demanda de mano de obra que requerían los particulares. Para la década de los setenta, el número de visas para mexicanos se redujo a causa de reformas en materia migratoria.
"En los setenta el perfil del inmigrante mexicano empezó a tener las siguientes características: hombres jóvenes y solteros procedentes de zonas rurales, con un nivel de escolaridad bajo. En 1976 se estableció una legislación que limitó la inmigración a 20,000 entradas anuales por país. Como consecuencia directa, aumentó el número de inmigrantes mexicanos ilegales. Sin embargo, algunos estudios indican que entre 1968 y 1977, el suroeste y el medio este de Norteamérica experimentaron los aumentos más grandes de trabajadores mexicanos ilegales." (Cockroft, 1998; citado por Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 83).
En este período de tiempo hubo a la par dos patrones migratorios: uno caracterizado por los braceros que se encontraban previamente, con el ánimo de convertirse en migrantes definitivos, y otro definido por trabajadores indocumentados que deseaban tener la calidad de temporales.
Posteriormente, con el fin de frenar la inmigración, Estados Unidos instaló en la frontera con México alarmas electrónicas, con lo que hubo un aumento de detenciones de indocumentados.
Para la década de los ochenta hubo un lapso, definido como “integración silenciosa”, caracterizado por la interconexión de las economías mexicana-estadounidense, donde se continuó presentando una gran demanda de la mano de obra mexicana, además del establecimiento de un corredor manufacturero de maquila en la región fronteriza en México, con un mercado de exportación hacia Estados Unidos. A pesar de esta situación, los gobiernos de ambos países no estuvieron interesados en considerar la importancia de esta integración.
Cabe destacar que, el principal motivo de desplazamiento de los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos en la década de los 80s, fue el lograr una reunificación familiar y el anhelo de trabajar en el “norte”, donde se podía tener acceso a una mejor calidad de vida.
Asimismo, en la década de los ochenta el gobierno mexicano al observar que el flujo migratorio hacia Estados Unidos era continuo y elevado en número, decidió lanzar una campaña en sus 51 consulados, para otorgar a sus nacionales una identificación a la que denominaron “matrícula consular”.
Fase post-IRCA (Inmigration Reform and Control Act)
En 1986 Estados Unidos promulgó la "Immigration Reform and Control Act" (IRCA), conocida como Ley Simpson-Rodino (por los legisladores que la impulsaron), la cual propició regularizar la situación de 2.3 millones de mexicanos indocumentados, logrando pasar a una condición de residentes, para posteriormente convertirse en ciudadanos estadounidenses. Dicha ley, promovió la amnistía de los trabajadores indocumentados que habían trabajado en los últimos cinco años en Estados Unidos, impulsó el Programa Agrícola de Trabajadores Especiales, reforzó el control fronterizo y penalizó a los particulares que empleaban indocumentados.
Para 1989, se firmó el Tratado de Libre Comercio, entre Estados Unidos y Canadá, puesto que México no se encontraba interesado aún, rechazando la oferta el entonces presidente Carlos Salinas.
Derivado de la precaria situación económica en la que se encontraba nuestro país, se vio en la necesidad de tener una apertura comercial. Por lo que, el 12 de junio de 1991, México inicia negociaciones con Estados Unidos, incorporándose después Canadá.
El 1° de enero de 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), donde México se comprometió a reducir la migración irregular, promoviendo para ello empleos mejor pagados en el sector de exportaciones. Este acuerdo comercial, solo facilitaba los flujos de inversiones, capitales y mercancías, más no de personas.
En lo que respecta al perfil del migrante para la década de los 90s, se tiene que:
"A partir de 1998 fueron los mexicanos con edades de entre 30 y 44 años los que empezaron a convertirse en las edades de mayor presencia de migrantes que viven en Estados Unidos, manteniendo este lugar hasta el 2010. La edad de los nacionales que residen en Estados Unidos que han ido disminuyendo han sido los niños de 0 a 14 años y por último, los migrantes con edades de 65 años y más manteniéndose a través de los años." (Ayvar Campos, F. J. y Armas Arévalos, E, 2014, p. 86).
En la década de los noventa surgieron dos leyes anti-inmigrante: "Proposición 187" ("Propuesta 187", 1994), promovida por Peter Wilson en el estado de California, la cual negaba servicios sociales, médicos y educativos a inmigrantes indocumentados; y, la "Illegal Immigration Responsibility Act" (IIRIRA, "Ley federal sobre Responsabilidad de los Inmigrantes Ilegales, 1996) a nivel federal, la cual facilitaba la deportación de migrantes indocumentados que hubieran cometido crímenes menores y llevaba a cabo lo ya establecido por la "Propuesta 187".
No obstane, entre 1989 y 1996, surgieron una serie de programas gubernamentales -algunos aún vigentes- por parte del gobierno de México, con el fin de proteger a los migrantes:
Período de 2000 a la actualidad
En el año 2000, la Oficina del Censo de los Estados Unidos, reportó que de los 281.4 millones de habitantes, el número de mexicanos se había incrementado un 52.9%, respecto de la década anterior, siendo un total de 20.6 millones de personas.
Para el sexenio de Vicente Fox, la agenda pública migratoria que sostuvo con George W. Bush, tuvo por finalidad crear estrategias para la regularización de migrantes mexicanos en Estados Unidos, generar un programa de trabajadores temporales, fortalecer la seguridad fronteriza e incrementar el número de visas para mexicanos. Todas estas posibilidades se declinaron, tras el ataque terrorista en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, por lo que se produjo un mayor control migratorio.
Estados Unidos determinó tener como prioridad la seguridad nacional y cuidar de sus fronteras, dando vida en octubre de 2001 a la “Ley Patriota”, estatuto que permite el acceso a información confidencial para desenmascarar a terroristas internacionales presentes en suelo norteamericano; además, fue creado el Departamento de Seguridad Interna, lo que derivó en la reducción de posibilidades en el ingreso legal a este, así como una mayor vigilancia a los inmigrantes que ya se encontraban residiendo en el país vecino.
Ante esta situación, la política migratoria en México se actualizó y se habló de una responsabilidad compartida con Estados Unidos, para coadyuvar en lo que respecta a la migración. Para ello, la política pública se centró en mejorar las oportunidades económicas y sociales, para evitar la migración hacia el país vecino, así como reconocer a las remesas en un uso más productivo y la necesidad de facilitar el retorno de mexicanos migrantes.
De 2000 a 2006, se promovieron una serie de acciones gubernamentales para proteger y salvaguardar al migrante mexicano en Estados Unidos. Dichas acciones, se encuentran en la siguiente tabla:
Tabla 3. Acciones de atención a migrantes del Gobierno Federal 2000-2006
Acciones de atención a migrantes del Gobierno Federal 2000-2006 |
|
Programa Paisano |
Plazas comunitarias e-México en Estados Unidos |
Grupos Beta de Protección a migrantes |
Programa de Salud para el Migrante |
Programa Binacional de Educación Migrante |
Vete sano, regresa sano |
Donación de Libros |
Seguro Popular de Salud para Familias Migrantes |
Jornadas Informativas |
Repatriación de Connacionales Enfermos |
Jornada Informativa del IME-Deporte |
Declaración Conjunta sobre Salud del Migrante |
Educación para adultos mexicanos en |
Grupo Nuclear de Salud Migrante México-Estados Unidos |
Olimpiada Juvenil |
Programa 3x1 para Migrantes |
Plan Vacacional |
Transferencia de Remesas |
Programa de Intercambio de maestros México-Estados Unidos |
Menores repatriados por la Frontera Norte México-Estados Unidos |
Documento de Transferencia del Estudiante Migrante Binacional |
Consejo para la promoción de negocios con las comunidades mexicanas e hispanas |
Programa de contratación de maestros mexicanos |
Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior |
En 2005, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobó el proyecto antiinmigrante: “Ley Sensenbrenner”, donde determinó que la situación jurídica de los indocumentados sería de nueva cuenta catalogados como delincuentes. Derivado de ello, se iniciaron protestas, donde quedó de manifiesto un total rechazo, exigiendo una reforma migratoria integral.
En 2007 se promovieron diversos proyectos en el poder legislativo de Estados Unidos, que atendiera de una manera real y respetuosa al migrante, pero no hubo ningún resultado favorable. Muy por el contrario, se expidieron leyes estatales antiinmigrantes, se reforzaron las leyes federales antiinmigrantes preexistentes y se deportaron a millones de personas, derivando en fracturas familiares.
2008-2016: Barack Obama
En el año 2008, Barack Obama ganó las elecciones para presidente en Estados Unidos (teniendo el 67% del voto latino), prometiendo en campaña una reforma migratoria en su primer año de gestión. Sin embargo, para ese mismo lapso, se puso en marcha el “Programa de Comunidades Seguros”, el cual destinó recursos a la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) para estar al pendiente de inmigrantes que se considerasen peligrosos, por constituir una amenaza a la seguridad nacional, con lo que se provocó una masificación de deportaciones a personas que incluso no tenían un antecedente penal. De igual forma, muchos estados de Estados Unidos continuaron expidiendo leyes antiinmigrantes, por ejemplo: SB1070 en Arizona (2010) y HB56 en Alabama (2011).
En el año 2010, los legisladores republicanos del Senado de Estados Unidos desecharon el proyecto “Dream Act”, que buscaba legalizar a los jóvenes estudiantes indocumentados. Para ese momento, se presentó una crisis financiera en Estados Unidos, lo cual se tradujo en una disminución en el número de migrantes mexicanos, incremento en la tasa de desempleo de los trabajadores latinos (mucho mayor que la de ciudadanos estadounidenses), se elevó la pobreza o bien algunas personas se convirtieron en pobres, millones de personas fueron deportadas y una palpable fractura familiar.
El primer período de gobierno de Obama se centró en atender a las reformas fiscal y sanitaria, en contrarrestar la crisis económica y en las guerras con Irak y Afganistán. En 2012, se realizaron cambios en el “Programa de Acción Diferida para Llegadas Durante la Niñez (DACA, del año 2007), evitando acciones legales contra los inmigrantes indocumentados que hubiesen llegado antes de cumplir los 16 años a Estados Unidos y aún se encontrasen residiendo en este. Estos cambios no tuvieron un impacto real en la población inmigrante, pero logró la reelección de Obama en 2012, con el respaldo del voto latino (73%).
Para 2013, se presentó el proyecto de reforma migratoria: “Ley sobre Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria” (conocida como Reforma Migratoria S.744), donde se planteó la legalización y eventual ciudadanía de indocumentados, además de posibilitar el retorno hacia Estados Unidos de los indocumentados deportados sin antecedentes penales. Sin embargo, esta reforma no tuvo mayores alcances, ya que solo fue aprobada por el Senado de dicho país. Asimismo, se presentó la propuesta: “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización Migratoria” (HR.15), la cual buscaba incrementar la vigilancia en la frontera.
Para 2014, ya se calculaban más de dos millones de personas habían sido deportadas, durante los 6 años de la administración de Obama. Para ese mismo año, el gobernador de Texas, Rick Perry, envió mil personas de la Guardia Nacional a la frontera entre México y Estados Unidos, bajo el nombre “Operación Seguridad Reforzada”, la cual actuó contra la delincuencia de la frontera, con el argumento de luchar contra los cárteles de droga mexicanos.
El 20 de noviembre de 2014, Obama al hacer uso de una acción ejecutiva, evitó la deportación de hasta cinco millones de inmigrantes indocumentados, posibilitando a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes, establecidos durante al menos cinco años, solicitar su residencia.
Tras esta decisión, 26 estados gobernados por republicanos se opusieron rotundamente, interponiendo para ello una demanda bajo el argumento de que se violaba la Constitución y la extralimitación del presidente en sus funciones. El 15 de febrero de 2015, el juez Andrew Hanen, presidente de la Corte Federal del 5º Distrito en Brownsville en Texas, emitió un fallo que impidió la entrada en vigor de la acción ejecutiva. Posteriormente el 15 de marzo del mismo año, interpuso el Departamento de Justicia dos recursos de emergencia y una apelación ante la Corte Federal de Apelaciones. El 26 de mayo de 2015, falló en contra del recurso de emergencia. Al final, nunca se resolvió al respecto y quedaron suspendidas las acciones y recursos legales.
2016-2020: Donald Trump
Como es de observarse, bajo el tema de “seguridad nacional”, se han reforzado leyes antiinmigrantes y acciones legales con el fin de masificar deportaciones, muchas de ellas hacia México.
Durante el período de Donald Trump se observó un masivo número de deportaciones de familias enteras, ya que desde antes de que fuese elegido presidente de Estados Unidos se pronunció en contra de los migrantes, siendo incluso tema central de su campaña electoral.
El gobierno de Trump, con respecto al tema de migración se definió por las siguientes situaciones:
Perspectiva actual de Estados Unidos con respecto a la migración: John Biden
El presidente de Estados Unidos, John Biden, tiene una visión muy diferente en política migratoria con respecto al que lo antecedió. Actualmente se requiere revalorizar la figura del migrante en Estados Unidos, como elemento esencial para el crecimiento y el posicionamiento económico mundial.
La reforma migratoria que plantea Biden, se define por ser progresista, al proponer: